En un comunicado recibido por la MAP, la DIDH informa de que el presidente de la AMDH entró en la sede de la Delegación el viernes 13 de enero con el pretexto de expresar su solidaridad con unos funcionarios, agregando que el secretario general de esta institución le pidió que justificara este acto señalando que vulnera los usos acordados en la relación entre una administración pública y una asociación civil.
“Al no esperar esta reacción, abandonó las instalaciones antes de volver a presentarse en la puerta de la DIDH y tomarse un selfie con los dos funcionarios en cuestión, que posteriormente publicó en su cuenta de las redes sociales, "haciendo caso omiso de todas las normas sobre el respeto de la intimidad y haciendo posteriormente declaraciones a la prensa", según el comunicado.
Al comentar este acto sin precedentes, la Delegación señala que "las situaciones de los funcionarios que el presidente de dicha asociación intentó instrumentalizar con fines deshonestos son de naturaleza diferente, ya que la funcionaria se encuentra entre las víctimas que afirman haber estado expuestas a acoso en la Delegación Interministerial, antes de recordar que es de dominio público que este caso fue sometido a la fiscalía en dos etapas, primero mediante una remisión al Ministerio público y luego cuando se presentó la denuncia, caso que ahora ha sido entregado a la policía judicial. Y preguntar: ¿Qué quiere entonces el presidente de la asociación?
En cuanto al funcionario, fue objeto de una medida disciplinaria antes de reanudar su trabajo, señala el comunicado, indicando que también forma parte de un litigio judicial aún pendiente en el tribunal administrativo como el caso de la funcionaria mencionada, pero en otro expediente.
El comunicado subraya, a este respecto, que la DIDH desea reafirmar, en su caso, su total respeto a las decisiones judiciales antes de preguntarse una vez más: ¿Qué quiere el presidente de la asociación?
La Delegación denuncia ''este acto del presidente de dicha asociación, un acto extraño y sin precedentes, ajeno a los usos y costumbres de los presidentes de asociaciones y organizaciones de derechos humanos, que ni siquiera se molestó en solicitar información sobre los funcionarios en cuyo favor dice querer expresar su solidaridad'', o incluso una entrevista con los responsables de la administración, además del deber elemental de informarse previamente sobre la naturaleza del litigio y sobre si el caso está o no en manos de los tribunales, de acuerdo con las prácticas consensuadas en materia de derechos humanos.
Además, el comunicado deplora la intrusión en un establecimiento público sin ninguna base legal, que coloca al intruso en la posición de un agresor, señalando que el acceso a un lugar para investigaciones reservado por ley a las autoridades competentes, tiene lugar según procedimientos estrictos.
Al tiempo que expresa su indignación por este acto irreflexivo, la DIDH insiste en su comunicado en "la gravedad de los actos de incitación y difamación que se han convertido en las herramientas preferidas de un grupo radical situado en el extremo de la oposición y que actúa a cara descubierta con el objetivo de instrumentalizar los derechos humanos".
Ante este "acto condenable y poco meditado", la DIDH recuerda el contenido de sus comunicados anteriores, el último de los cuales data del 22 de noviembre de 2022, en el que la Delegación señalaba que "no cabe duda de que se han introducido técnicas y herramientas de incitación y exacerbación en el ámbito de los derechos humanos en apoyo de un discurso propio de grupos políticos muy radicalizados y de una manera que confunde los papeles, y que no tiene absolutamente ninguna relación con el ámbito de los derechos humanos. Es cierto que el ámbito de los derechos humanos en Marruecos ha estado marcado durante muchos años por una corriente radical de derechos humanos en la oposición, con destacados activistas que se apoyaban en argumentos jurídicos y realizaban encomiables esfuerzos de documentación y defensa, pero nunca habían caído tan bajo''.
El comunicado concluye subrayando que ''la Delegación Interministerial desea recordar el principio de sacralidad de los locales en el caso de un establecimiento público y que no dudará, si es necesario, en solicitar la intervención de las autoridades concernidas para defender esta norma de inviolabilidad'', sabiendo que el acceso a un establecimiento público para expresar su solidaridad con los denunciantes se rige por normas bien definidas y por una ética garantizada por la Constitución y la ley, como es el caso en cualquier enfoque civilizado", añadiendo que "la DIDH reitera por segunda vez su intención de reservarse el derecho de recurrir a la justicia".